En la Universidad Nacional, Uribe Vélez impone al menos a cinco de los ocho representantes con voz y voto en el Consejo Superior Universitario para que sean ejecutores de su política antinacional, y el rector, señor Moisés Wasserman, también es fiel a sus propósitos, en tanto que profesores y estudiantes sólo cuentan con un representante.
Resulta antidemocrático que sean minoritarios los dos principales estamentos que componen la universidad. No son en el aire las declaraciones que dio Uribe sobre el movimiento universitario al afirmar, para hacerle juego al chantaje de la cancelación del semestre formulada por Wasserman: “Las decisiones se toman autónomamente en los consejos superiores, especialmente en la Universidad Nacional”. A través de esos organismos de bolsillo, el gobierno nacional introduce todas las reformas que los organismos multilaterales de crédito le reclaman. La verdadera autonomía universitaria consiste en que los profesores y los estudiantes gobiernen la universidad y definan el contenido de los programas de cada una de las carreras.
Para profundizar esa política Uribe necesita acallar a quienes claman por derogar el Acuerdo 008. De ahí que dijera: “La orden que se le impartió ayer a la Policía (20 de mayo) es que judicialicen, cuanto antes, a esos bandidos que están haciendo daño en la Universidad Nacional”. Se ha vuelto una constante: a mayor privatización, mayor represión.
La política de Revolución Educativa de Uribe Vélez ha profundizado en la educación superior el proceso privatizador. A las distintas modalidades de asfixia presupuestal a las que ha sometido a las universidades, se suma una perspectiva académica nociva para el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, con la cual se busca preparar la mano de obra a las necesidades de las multinacionales y de los monopolios nacionales y propiciar un “ambiente favorable para la inversión extranjera”. En suma, se pretende mercantilizar la educación superior. Los dos elementos se encuentran al orden del día en la discusión sobre el nuevo Estatuto Estudiantil.
El documento Visión Colombia 2019 establece las características que, a juicio del uribismo, deben tener la sociedad y la educación para el Bicentenario de la Independencia: “La visión 2019 concibe una economía cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productividad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesario (…) la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo como resultado de la dinamización de los sectores de la economía conectados con mercados externos.” Si la economía se va a enfocar hacia el mercado externo como producto de los acuerdos comerciales con EU y la Unión Europea, la educación debe ponerse al servicio de esos intereses.
El Decreto 2566 del 2003 define las condiciones mínimas de calidad que deben tener los programas académicos. Además de señalar que la “justificación de los programas considerará la pertinencia de los mismos al contexto globalizado”, obliga a las universidades a adoptar el sistema de créditos académicos. Con ellos, el neoliberalismo se asegura tres objetivos: cobrar por créditos y no por matrícula, mercantilizar la educación superior e imponer las competencias académicas, laborales y ciudadanas en la universidad. Las disposiciones referidas al cupo de créditos en el Estatuto Estudiantil y la adopción de los créditos académicos en la Reforma Académica son una injerencia directa del gobierno en los asuntos de la Universidad Nacional de Colombia y benefician el modelo privatizador.
Invitamos a la comunidad universitaria a preservar la unidad bajo el firme propósito de derogar el Acuerdo 008 y a exigir la convocatoria a un plebiscito derogatorio del mismo, para que defendamos una educación nacional, científica y al servicio del pueblo.
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