LA SATANIZACIÓN DE LA PROTESTA DE LOS “ESCLAVOS MODERNOS”

Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 30 de septiembre de 2008

No se necesitó mucho tiempo, desde cuando el Gobierno avisaba que el derecho de huelga se regiría por fallos judiciales acorde con los impenitentes requisitos que anda tramitando a ver si el partido demócrata aprueba el TLC en el Congreso estadounidense; para que dicho “avance” se convirtiera en palabrería. La conducta oficial respecto al paro de los corteros de caña de azúcar en varios ingenios del oligopolio azucarero y al paro de más de 30 mil empleados de la Rama Judicial, reitera que esa “reforma” fue un mero formalismo y que la huelga y la protesta pública y pacífica siguen como letra muerta en la práctica social en Colombia.

Desde su despegue, después de los años 50 del siglo veinte cuando la Violencia en el Valle del Cauca proletarizó a más de 500 mil personas desplazadas de 98.400 fincas, la industria azucarera se ha nutrido de mano de obra barata. Un referente reciente es de marzo de 2003, cuando los corteros de caña del Ingenio La Cabaña presentaron un pliego de peticiones que, entre otros, solicitaba que no se les rebajara el pago por tonelada cortada (entonces de $ 4.032 a $3.456); que se respetara “el peso exacto del tajo que pesa más de cuatro toneladas y media y se paga por 1.500 kilos” (es decir, que no haya “robo” en la báscula) y, según sus propias palabras, “mejores condiciones en el sistema de transporte porque se nos transporta peor que a animales”.

Cinco años después, las condiciones de cerca de 12 mil colombianos que se desempeñan en esta dificultosa labor han empeorado. Falta ver los puntos del pliego de la huelga en curso para corroborarlo. El pago pactado por tonelada cortada, en ingenios como Incauca, es de $5.682 (menos de 3 dólares), y se cortan máximo seis por día pero efectivamente sólo pagan tres, fruto de los descuentos por presencia de “materia extraña”, asumidos por el trabajador, que ipso facto queda así convertido en “socio”. El aumento real en cinco años es un miserable 11%. También se pide el pago de dominicales y festivos y, lo más importante, la contratación directa y que se desechen las Cooperativas de Trabajo Asociado, por las cuales los asalariados pierden la calidad de empleados directos y el patrón se “esfuma” en aras de burlar derechos colectivos.

La industria azucarera ha sido y está subsidiada. En primer lugar, por los consumidores colombianos que pagan la libra, destinada al mercado interno y que es la mitad de la producción nacional total, entre 40 y 50 centavos de dólar mientras que en los mercados externos con dificultad se le coloca a 13. Adicionalmente, la producción y las garantías por decreto, para la producción y venta de etanol, no sólo ha reportado subsidios estatales, entre 125 y 140 millones de dólares por año, sino que además les ha permitido utilizar más de 200.000 toneladas de azúcar que antes se destinaban a exportación a pérdida, ganan por punta y punta ¿No es justo que estas utilidades derivadas del esfuerzo de todos los colombianos se compartan con quienes no tienen más que sus manos y una “pacora” para subsistir? Por un artículo reciente del presidente de Asocaña parece que en ese sentido la “conciencia ya está tranquila”.

El más importante conglomerado de azúcar y energía, Ardila, que maneja los ingenios Cauca, Providencia y Risaralda, tuvo entre 2005 y 2007 ingresos totales por cerca de dos billones ochocientos mil millones de pesos y utilidades netas por casi 150.000 millones. ¿No tendrá nada más para la mano de obra, para 3.500 corteros, empezando por una relación laboral de patrono y trabajador? ¿Muy grave si el margen operacional de los ingenios se rebaja un punto del 7% o el 8%, en el cual se encuentra, y se le reconoce lo mínimo al factor trabajo?

Con la situación descrita, resulta un verdadero agravio al país y a su clase obrera decir que son “fuerzas oscuras”, “la Far”, las que motivan ese justo movimiento al cual el ministro de Protección Social y la industria le tiran la puerta en las narices, se niegan a sentarse a negociar en condiciones de equidad, adoptan toda suerte de argucias para desgastarlo, todo sin el más mínimo interés de resolver la contradicción. Asaltando la sindéresis nacional le atribuyen a los corteros el alza del combustible, que va para las arcas de los mayoristas y del Estado, y justifican, “pescando en río revuelto” la importación de 42.000 toneladas de azúcar.

Igual con el paro judicial. La opinión sabe que jueces y empleados de la Justicia están solicitando más personal, ante la imposibilidad de dar abasto, y una nivelación salarial pendiente desde hace 16 años. En tanto el ministro de Justicia huye del escándalo y se “atornilla”, el Presidente, como en una subasta ganadera, ofrece a la barata por los derechos irrenunciables de estos servidores públicos. ¡Qué distinto proceder al de las “lágrimas de cocodrilo” que derrama en Washington cuando va de hinojos por el TLC!