María Antonieta Cano, Docente del 1278, Bogotá, mayo 25 de 2011
Como resultado de las negociaciones del pliego nacional de peticiones entre Fecode y el MEN y de las gestiones de la Federación ante el Senado, se logró acordar una mesa tripartita conformada por representantes del gobierno nacional, del Congreso de la República y del sindicato de los maestros para la concertación de un estatuto docente único.
Al conformarse la comisión de concertación se abre el proceso en el cual gobierno y sindicato pondrán las cartas sobre la mesa para adelantar la discusión. El camino será largo y sinuoso y estarán en juego de parte y parte elementos que podrían hasta rebasar la fuerza de los argumentos.
Para FECODE, el tema del Estatuto Único de la profesión docente tiene una importancia estratégica por la necesidad apremiante de unificar los regímenes que hoy dividen al magisterio colombiano. El estatuto docente 2277 de 1979 fue el resultado de diez años de lucha continua con la cual se logró estabilidad laboral, ascenso en el escalafón de catorce grados y formalización de las relaciones laborales entre los profesores y el Estado. Con la expedición del estatuto 1278 en 2002 las condiciones para los docentes que ingresan a la profesión se modificaron radicalmente, empeorando el contrato laboral.
Durante ocho años el ascenso en el escalafón ha estado prácticamente congelado, los docentes nuevos deben someterse a todo tipo de evaluaciones, de ingreso, de desempeño y de competencias lo que afecta en materia grave la estabilidad laboral. El 1278 tampoco tiene en cuenta el acopio de los maestros en formación académica, en capacitación y en experiencia laboral.
El gobierno de Santos ya ha planteado su posición. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha hecho alarde de las bondades del estatuto del 1278, elevándolo al rango de patrimonio jurídico de la nación, del cual destaca principalmente la evaluación docente como su principal virtud. La ministra afirma textualmente: “…la evaluación es un elemento importantísimo que incide en la calidad de la educación y que se ha desarrollado con mayor fuerza a partir de la implementación del nuevo estatuto, que establece procesos de evaluación para el ingreso, la permanencia y el ascenso de los maestros en establecimientos públicos.”.
Para Fecode, por su parte, la evaluación de los docentes no puede desembocar en la destitución, pues tiene exclusivamente carácter diagnóstico y formativo; es decir, que ha de dirigirse a detectar y a corregir las falencias de docentes y directivos en el proceso educativo, lo cual resulta provechoso tanto para ellos mismos como para la calidad de la educación.
El debate debe iniciarse con un documento presentado por parte de la dirección de FECODE que, partiendo del borrador ya difundido ampliamente, recoja las aspiraciones tanto de docentes que se rigen por el estatuto 2277 de 1979 como de los que se encuentran bajo el 1278 de 2002. La propuesta de un estatuto docente único debe garantizar por lo menos tres aspectos fundamentales; estabilidad laboral, que implica eliminar la evaluación de desempeño con fines de destitución; escalafón basado en los títulos académicos para el ingreso, en la experiencia docente, la formación y producción académicas para el ascenso, no en evaluaciones de desempeño ni de competencias; el fortalecimiento de todas las garantías sindicales y democráticas.
Finalmente, esta batalla por un estatuto único de la profesión docente se podrá librar si se acompaña de la movilización unificada de todo el gremio y de la más amplia explicación de la importancia que tiene para la educación en Colombia a fin de que pueda contar con el respaldo de la opinión pública. En ese sentido, urge difundir que el logro de los derechos y las condiciones óptimas para el ejercicio de la docencia son factores necesarios para una verdadera calidad de la educación.
De ese modo, con la confluencia de maestros, estudiantes, padres de familia y de la sociedad en general, movilizados alrededor de la propuesta de FECODE, deberá lograrse el respaldo político requerido para que el Gobierno de Juan Manuel Santos y el Congreso Nacional, hoy dominado por mayorías santistas, entiendan que se trata de un clamor nacional que no pueden ni deben desatender.
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