Las organizaciones abajo firmantes, reunidas hoy en la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de construir un gran movimiento civil y político por la defensa de la educación como derecho y bien público, advertimos a la sociedad colombiana que el sector de la educación, en todos sus niveles, recorre los pasos del sistema de seguridad social en salud, en el proyecto político del gobierno del presidente Santos.
En apariencia, en el sector del aseguramiento en salud se está presentando un conjunto de “actos de corrupción” que están llevando al sistema a la quiebra. Esto se presenta a la opinión pública como un asunto de mal comportamiento de unos funcionarios del Estado y de unos empleados de las aseguradoras que serán rápidamente judicializados para acabar con ese flagelo. De esta forma, el gobierno aparece como el adalid de la lucha contra la corrupción, encuentra chivos expiatorios y todo sigue igual.
Nada más lejos de la realidad. Lo que está ocurriendo en el sistema de aseguramiento en salud es que éste, en su conjunto, en su estructura, en sus reglas y en su funcionamiento, mostró todas sus perversiones. Se supone que el Estado delegó en unas aseguradoras privadas el “servicio público” a la atención en salud y decidió dedicarse a la “regulación” y al subsidio a la demanda de los pobres (régimen subsidiado). Con esta decisión, lo que ha ocurrido es que todos los agentes de este mercado han encontrado maneras de extraer renta de los recursos disponibles que son, sin lugar a dudas, recursos públicos.
Los mecanismos son muchos y no son sólo de corrupción de unos individuos, como ya lo están mostrando diversos organismos de control. Por ejemplo:
Los acuerdos entre las aseguradoras para excluir servicios del plan obligatorio de salud (POS) y recobrarlos al Fosyga como No POS, con precios exorbitantes.
El incentivo a los usuarios para que pongan tutela y recobrar medicamentos e insumos al Fosyga, también con sobrecostos.
El uso de los recursos destinados a servicios de salud, es decir, de la unidad de pago por capitación (UPC), en deudas acumuladas y en infraestructura propia, como ha hecho el grupo SaludCoop.
La integración vertical, es decir, la compra de los servicios, medicamentos, insumos de todo tipo y contratación de personal con empresas de la misma aseguradora, para pasar los recursos de la UPC de un bolsillo al otro y exigir al gobierno que se les aumente el valor cada año, muy por encima de la inflación.
Todos estos mecanismos perversos encarecen la atención en salud, pero a los usuarios se les dice que no hay recursos y que por esto debe limitarse su derecho a un plan de beneficios “costo-efectivo”.
Muchas organizaciones sociales, civiles, académicas y políticas han venido advirtiendo sobre esta situación en el sector salud, pero nunca fueron escuchadas. Sólo hasta cuando ya se rebozó la copa, el gobierno dice venir a limpiar el sector de estas nichos de corrupción, tal como ocurrió con los “falsos positivos” en las Fuerzas Armadas dirigidas por el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
En educación, es claro que el gobierno Santos pretende profundizar la aplicación del mismo modelo de la salud, en todos sus niveles. Cada vez más participación de agentes de mercado, sin y con ánimo de lucro, inversión privada en las instituciones públicas, competencia abierta entre todas ellas y recursos públicos cada vez más orientados a la demanda de los individuos a través del crédito educativo. Este modelo lo único que hará es crear otros nichos de búsqueda de renta para que grandes inversionistas nacionales y extranjeros saquen provecho de este “servicios público”, que nunca será derecho de todos los colombianos.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana para hacer valer el proyecto constitucional del Estado Social de Derecho, que realmente garantice los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y el ambiente sano y sustentable. No más extracción de renta de los derechos ciudadanos. Construyamos un frente amplio por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, de carácter universal, público y gratuito.
Bogotá, 2 de mayo de 2011.
Organizaciones asistentes.
ASPU - ACEU – CUT – OCE – ANDES - FECODE - FENARES - FENALPROU - SINTRAUNICOL - Colectivo Xangó (UNAD) - Coalición Colombiana Por El Derecho a La Educación.
En apariencia, en el sector del aseguramiento en salud se está presentando un conjunto de “actos de corrupción” que están llevando al sistema a la quiebra. Esto se presenta a la opinión pública como un asunto de mal comportamiento de unos funcionarios del Estado y de unos empleados de las aseguradoras que serán rápidamente judicializados para acabar con ese flagelo. De esta forma, el gobierno aparece como el adalid de la lucha contra la corrupción, encuentra chivos expiatorios y todo sigue igual.
Nada más lejos de la realidad. Lo que está ocurriendo en el sistema de aseguramiento en salud es que éste, en su conjunto, en su estructura, en sus reglas y en su funcionamiento, mostró todas sus perversiones. Se supone que el Estado delegó en unas aseguradoras privadas el “servicio público” a la atención en salud y decidió dedicarse a la “regulación” y al subsidio a la demanda de los pobres (régimen subsidiado). Con esta decisión, lo que ha ocurrido es que todos los agentes de este mercado han encontrado maneras de extraer renta de los recursos disponibles que son, sin lugar a dudas, recursos públicos.
Los mecanismos son muchos y no son sólo de corrupción de unos individuos, como ya lo están mostrando diversos organismos de control. Por ejemplo:
Los acuerdos entre las aseguradoras para excluir servicios del plan obligatorio de salud (POS) y recobrarlos al Fosyga como No POS, con precios exorbitantes.
El incentivo a los usuarios para que pongan tutela y recobrar medicamentos e insumos al Fosyga, también con sobrecostos.
El uso de los recursos destinados a servicios de salud, es decir, de la unidad de pago por capitación (UPC), en deudas acumuladas y en infraestructura propia, como ha hecho el grupo SaludCoop.
La integración vertical, es decir, la compra de los servicios, medicamentos, insumos de todo tipo y contratación de personal con empresas de la misma aseguradora, para pasar los recursos de la UPC de un bolsillo al otro y exigir al gobierno que se les aumente el valor cada año, muy por encima de la inflación.
Todos estos mecanismos perversos encarecen la atención en salud, pero a los usuarios se les dice que no hay recursos y que por esto debe limitarse su derecho a un plan de beneficios “costo-efectivo”.
Muchas organizaciones sociales, civiles, académicas y políticas han venido advirtiendo sobre esta situación en el sector salud, pero nunca fueron escuchadas. Sólo hasta cuando ya se rebozó la copa, el gobierno dice venir a limpiar el sector de estas nichos de corrupción, tal como ocurrió con los “falsos positivos” en las Fuerzas Armadas dirigidas por el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos.
En educación, es claro que el gobierno Santos pretende profundizar la aplicación del mismo modelo de la salud, en todos sus niveles. Cada vez más participación de agentes de mercado, sin y con ánimo de lucro, inversión privada en las instituciones públicas, competencia abierta entre todas ellas y recursos públicos cada vez más orientados a la demanda de los individuos a través del crédito educativo. Este modelo lo único que hará es crear otros nichos de búsqueda de renta para que grandes inversionistas nacionales y extranjeros saquen provecho de este “servicios público”, que nunca será derecho de todos los colombianos.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana para hacer valer el proyecto constitucional del Estado Social de Derecho, que realmente garantice los derechos fundamentales a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social y el ambiente sano y sustentable. No más extracción de renta de los derechos ciudadanos. Construyamos un frente amplio por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, de carácter universal, público y gratuito.
Bogotá, 2 de mayo de 2011.
Organizaciones asistentes.
ASPU - ACEU – CUT – OCE – ANDES - FECODE - FENARES - FENALPROU - SINTRAUNICOL - Colectivo Xangó (UNAD) - Coalición Colombiana Por El Derecho a La Educación.
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