Dos hechos de gran importancia se conjugan al cumplirse 20 años de vigencia de la Ley 30 de 1992 - una norma expedida para materializar las ideas del Libre Comercio en el ámbito de la educación superior, entre ellas la privatización y mercantilización -, el primero: la crisis financiera de las universidades públicas, las cuales hoy funcionan con un 48% de recursos públicos y un 52% de recursos privados; y el segundo: por primera vez en la historia de la educación pública colombiana los estudiantes, profesores y trabajadores estamos construyendo una propuesta de Ley para la educación superior. Dos asuntos que el gobierno quiere negar a como dé lugar.
Con la Ley 30 se inició un proceso de desnacionalización de la educación superior pública, entre otras consecuencias, el Estado se fue desligando de la responsabilidad de financiar adecuadamente el funcionamiento y la inversión de las universidades públicas. En 1993 el Estado otorgaba 85 de cada 100 pesos para el funcionamiento e inversión de universidades, hoy 2013, solo aporta 48 pesos, los otros 52 los obtienen las universidades del cobro de matrícula (16) y de la venta de servicios (36). Estas cifras revelan la naturaleza privatizadora y mercantilista del modelo Ley 30.
En estos 20 años aumentó la cobertura de las universidades de manera exponencial (256%) y se hizo más complejo el desarrollo de la docencia, de la investigación y la extensión, demandando nuevas tecnologías y avances en materia de infraestructura educativa, para lo cual ni los disminuidos recursos Estatales (solo han crecido en 83%) ni los recursos propios han sido suficientes. Tan solo por concepto de nómina docente las universidades han tenido que responder por más de $700 mil millones, recursos que el Estado desconoce y que representa un 30% del total de los recursos asignados por el mismo. Los gobierno de turno en este tiempo, han incentivado la financiación a la demanda a través del fortalecimiento del ICETEX –durante el gobierno de Uribe recibió 700 millones de dólares para préstamos estudiantiles-, en detrimento de la financiación a la oferta, la cual garantiza que las universidades oferten educación de alta calidad.
Las cuentasdel Sistema Universitario Estatal, SUE, establecen que el funcionamiento y la inversión de las 32 universidades públicas a precios de 2012, cuesta $ 18 BILLONES, de los cuales entre aportes del Estado y recursos propios ya hay $ 7 BILLONES, faltando solo $ 11 BILLONES adicionales para garantizar: infraestructura física y tecnológica, bienestar universitario, contratación y formación doctoral de los docentes, entre otros. El Gobierno Nacional consecuente con las ideas del Libre Comercio, se niega a destinar estos recursos, así quedó confirmado cuando negó la solicitud de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, de asignar$1 BILLÓN más al presupuesto de 2013;así como la de los Rectores de aumentar en $240 mil millones. El aumento fue solo de $ 100 mil millones.
La crisis del modelo Ley 30 es una realidad innegable inclusive para quienes la promovieron. Frente a este panorama los estudiantes no somos indiferentes, por el contrario, de manera decidida confrontamos la reforma que adelantaba el Gobierno Nacional en 2011, que profundizaba la crisis creada por la Ley 30, y cuya victoria le permitió al Movimiento Estudiantil junto a profesores y trabajadores universitarios emprender la construcción de una propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior. Esta propuesta reconoce el carácter científico, democrático y nacional de la educación, así como el imperativo por la adecuada financiación Estatal. El borrador del articulado será aprobado en la sesión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en abril de 2013 en la ciudad de Medellín.
Este será un semestre para conquistar las históricas demandas de los estudiantes, profesores y trabajadores por una educación pública, científica y nacional. Tarea que exige un estudio minucioso de la realidad de la universidad pública, de la propuesta de articulado para una Ley Alternativa de Educación Superior, así como fortalecer la organización estudiantil mediante la conformación de las Mesas Amplias Locales, por Facultades, Sedes e Institutos. Esta generación no será inferior al reto de conquistar una educación superior para un país con soberanía, democracia y paz.
Organización Colombiana de Estudiantes –OCE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Febrero de 2013
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